Artículo de Opinión
El reciente acuerdo entre Maxi Montilla y la Procuraduría General de la República, a través de su brazo anticorrupción, no es una victoria para la justicia dominicana, sino un golpe letal a su credibilidad. Este pacto representa una claudicación del rol constitucional del Ministerio Público y convierte la lucha contra la corrupción en un simple mecanismo de recaudación, peor que cualquiera de las corrupciones cometidas contra el Estado.
Desde el punto de vista jurídico, Montilla es inocente. Aunque haya entregado dinero derivado de presuntos actos de corrupción, nuestra Constitución es clara: todo ciudadano goza de la presunción de inocencia hasta que una condena judicial firme, producto de un proceso oral, público y contradictorio, disponga lo contrario. Ni denuncias, ni querellas, ni acuerdos extrajudiciales rompen ese principio.
Los que celebran este acuerdo, muchos de ellos movidos por el desconocimiento o el fanatismo político, se enfocan únicamente en la recuperación parcial de los fondos y no en el verdadero propósito de la justicia: sancionar la conducta delictiva y fortalecer las instituciones. Así, un individuo que presuntamente desfalcó al Estado por más de cinco mil millones de pesos entrega dos mil millones y se queda con tres mil, mientras el Ministerio Público se viste de recaudador y no de persecutor.
El caso no es comparable con acuerdos administrativos como los que realizan la DGII o Aduanas, instituciones que sí tienen la facultad de negociar multas o impuestos evadidos sin necesidad de un proceso penal. El Ministerio Público, en cambio, no está para negociar con presuntos delincuentes, sino para llevarlos a los tribunales y lograr condenas ejemplares.
El resultado de este pacto es devastador: jurídicamente, Montilla sigue siendo inocente porque no existe una sentencia que lo declare culpable. Y al no ser condenado, tampoco se puede procesar con éxito a sus supuestos cómplices. No estamos ante una delación premiada, sino ante un acuerdo de impunidad disfrazado de recuperación de activos.
Lo más grave es que el dinero proveniente de un acto ilícito, al ser entregado al Estado bajo este pacto, se blanquea automáticamente: lo que fue botín de corrupción ahora circula como fondos legítimos del erario. Una paradoja que degrada el sentido de justicia y convierte la lucha contra la corrupción en un negocio.
El Ministerio Público ha perdido la oportunidad de sentar un precedente histórico y, en cambio, deja en el aire la sospecha de que la corrupción puede negociarse. Hoy, la sociedad dominicana debe preguntarse: ¿queremos un Ministerio Público que recupere parte del dinero o una justicia que garantice condenas y cierre el círculo de la impunidad?
Ingrid Abreu._
