Santo Domingo,RD._ En lo que ha sido calificado como un precedente histórico en materia de responsabilidad patrimonial del Estado dominicano, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena contra la Procuraduría General de la República (PGR), ordenándole pagar más de 10 millones de pesos al exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la reconocida periodista Sarah Pepén, tras haber permanecido dos años en prisión preventiva sin pruebas.
El caso, que se remonta al año 2008, refleja con crudeza las grietas del sistema judicial y el uso abusivo de la prisión preventiva en la República Dominicana.
Gutiérrez fue expulsado de la Policía Nacional y acusado injustamente de homicidio, enfrentando dos condenas de 30 años que luego fueron anuladas por la justicia. Tras casi una década de calvario judicial, fue finalmente descargado en 2017.
El fallo de la Suprema no solo confirma la responsabilidad del Estado, sino que reivindica la dignidad de un hombre que fue despojado de su libertad, su honra y su estabilidad familiar.
Para Gutiérrez, la sentencia representa una reparación moral y emocional: “No hay dinero que devuelva los años perdidos, pero este fallo me devuelve algo que el sistema me quitó: la fe en la justicia”, expresó con visible emoción.
La defensa del exagente celebró la decisión como una victoria sin precedentes, señalando que se trata de la indemnización más alta otorgada por prisión preventiva injusta en la historia del país. Este veredicto, aseguran, abre una nueva ruta hacia la rendición de cuentas en un sistema que por años ha castigado sin pruebas y sin piedad.
El tribunal fue contundente al establecer que el Estado actuó de forma arbitraria, con abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales.
La Suprema Corte dejó claro en su sentencia que el uso indebido de la prisión preventiva no puede seguir siendo una práctica normalizada, ya que viola la dignidad humana y socava el Estado de derecho.
Más allá del monto económico, esta decisión envía un mensaje directo:
ninguna institución del Estado está por encima de la ley, y cada ciudadano tiene derecho a un proceso justo, sin ser víctima del poder ni de los errores de un sistema que muchas veces castiga primero y pregunta después.
El caso de Affe Gutiérrez Gil no solo marca un antes y un después en la historia judicial dominicana, sino que pone sobre la mesa el debate pendiente sobre la reforma profunda del sistema penal, donde la prisión preventiva sigue siendo el rostro más visible del abuso institucional.
